Teresa C. Ulloa Ziáurriz/ Mujeres Cautivas

Cimacnoticias

Yo esperaría que la permisividad y la promoción de eventos y acuerdos sobre los vientres de alquiler, mal llamada subrogación y los niños y niñas ordenados y comprados por contrato, no fuera la postura del ministro Arturo Zaldívar y de la mayoría de los ministros.

No me cabe la menor duda que el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una posición neoliberal, posmoderna y basada en la doctrina queer, que conciben a las mujeres pobres y en exclusión social como meras incubadoras y a los niños como objetos de contrato y compraventa, estuvieron promoviendo eventos para legalizar esta forma de explotación de los cuerpos de las mujeres en la misma línea que el recién electo presidente de Chile, que se siente muy moderno; y el propio sistema de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Más aún, no sólo se han promovido eventos, sino que a pesar del discurso del interés superior de la niñez y de juzgar con perspectiva de género, se han emitido tesis de jurisprudencia y resoluciones de controversias constitucionales que abonan a que el mercado de la explotación reproductiva se expanda y normalice en nuestro país.

Yo me pregunto si realmente entenderán qué es juzgar con perspectiva de género cuando mercantilizan la maternidad y a los bebés y abren la puerta para que nuestro país se convierta en un paraíso de los vientres de alquiler a nivel internacional. ¿Qué derechos y a quién intentan proteger? No importa que haya reclutadoras o reclutadores, que tengan que firmar un contrato leonino ante Notarios Públicos corruptos, tampoco importa que tengan agencias donde no es legal, como Punta Mitas, Nayarit o Cancún, Quintana Roo, o incluso en la Ciudad de México, tampoco importa que las mujeres y sus bebés sean abandonadas ya sea porque nacieron con algún problema de salud o porque no les gustó a los que llaman “padres de intención” o simplemente porque se arrepintieron.

Pero aún más, a pesar de que el tráfico de órganos, tejidos o sus componentes, incluso fluidos, estén sancionados en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas, a los ojos del mundo esto sucede en nuestro país sin que nadie haga nada y con el beneplácito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Afortunadamente la diputada Federal, Beatriz Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena, se comprometió contra los vientres de alquiler y presentó en días pasados una iniciativa de Ley para reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y también la Ley General de Salud y no sólo incluyó en su iniciativa los vientres de alquiler, sino también la donación comercial de óvulos.

Ahora la iniciativa fue enviada a Comisiones para que sea dictaminada y una vez que la dictaminen pasará al pleno.

Mientras tanto, la diputada Rojas y las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos organizarán un foro con especialistas y también un parlamento abierto y después se someterá al pleno. Esta iniciativa necesita del apoyo de todas para que se detenga esta barbaridad en nuestro país. No sólo usan a las madres cuando se quiere insultar, sino que ahora se nos reduce a incubadoras. Y una vez que esté aprobada, irá al Senado, donde la lucha puede ser todavía más difícil.

Este es un claro ejemplo en el que la paridad nos debe probar que les sirve a las mujeres.