Manuel Ibarra Santos

               La atención de las familias desplazadas de sus hogares por la violencia criminal de la zona serrana de Jerez (tema que se ha constituido en un drama y un infierno para quienes la experimentan), es y debe ser una responsabilidad humanitaria del Estado Mexicano y de sus distintos niveles de gobierno. Y todo parece indicar que así lo asume el mandatario estatal, David Monreal Ávila, sin rehuir, a su compromiso institucional.

            El desplazamiento forzado de cientos de familias (más de 600) de sus asentamientos habituales de la sierra de Cardos, del municipio de Jerez, resultado de la violencia, tuvo sus primeras expresiones en el año 2019, fenómeno que gradualmente creció, hasta alcanzar niveles de tragedia. Muy pocos le dieron importancia y en la actualidad se viven las consecuencias.

            El desplazamiento forzado de cientos de personas y familias, en varios municipios, producto del efecto traumático de la violencia, está dejando, sin duda, una profunda huella en la conciencia y en el rostro de nuestra sociedad.

            El desplazamiento forzado de pobladores en comunidades rurales del municipio de Jerez, es un fenómeno atípico e inédito, del que se tenga memoria en la historia de Zacatecas.

            En más de cien años de vida, nuestro Estado no había registrado experiencia similar. Quizá el más traumático de todos, fue el fenómeno de desplazamiento de personas provocado por la violencia de La Revolución Mexicana de 1910, acontecimiento que propició en Zacatecas el éxodo de más de 100 mil gentes de sus casas y lugares de origen, lo que motivó que muchos pueblos se convirtieran en fantasmas.

            El caso del desplazamiento forzado de personas en Jerez y otros municipios, registró sus primeras manifestaciones hace más de dos años. Pero ninguna autoridad, en ese entonces, le dio la importancia debida. Las consecuencias negativas escalaron a niveles insospechados.

            Ahora el gobernador David Monreal Ávila ha recorrido varias comunidades que experimentan este drama y se ha solidarizado con las personas y familias que han decidido retornar gradualmente a sus hogares, para recuperar su patrimonio.

En la población de Palmas Altas, el mandatario presidió la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz. Le acompañaron los representantes del Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía Estatal y General de la República, así como de las diferentes corporaciones policiacas. A ellos les pidió, en el ámbito de su competencia, cumplir con su misión de resguardar a la población.

A sus funcionarios les ordenó operar en varios frentes: 1).- Reestablecer viviendas y vialidades; 2).-Otorgar todo el apoyo para reactivar el campo y la producción en más de 3 mil hectáreas de cultivos de la región; 3).-Implementar operativos de seguridad y protección para la gente de la zona; 4).-Mejorar las condiciones de atención educativa para los infantes; y 5).-Recuperar los programas de apoyo para la salud, entre otros temas prioritarios.

            Generar las condiciones para que las familias desplazadas (por la violencia) en comunidades rurales de Jerez, vuelvan al seno de sus hogares y comunidades, donde están sus raíces y patrimonio, será un verdadero reto. Es obligación del aparato de Estado, hacer el esfuerzo y procurar que en dichas poblaciones se vuelva a la “normalidad”.

            Lo anterior amerita y exige implementar, desde luego, un programa integral de apoyo en beneficio de los desplazados de poblaciones de Jerez, pero también de municipios como Valparaíso, Monte Escobedo y Fresnillo.

            Y lo importante es que los programas de atención a los desplazados sean evaluados periódicamente, para revisar que se cumplan sus objetivos de atención a los afectados por este terrible y dramático fenómeno.

            LOS DESPLAZADOS EN MÉXICO:

            En el último año, en México se registró el desplazamiento forzado, debido a la violencia criminal, de más de 44 mil personas, especialmente en los Estados de Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero y Zacatecas, así lo documenta la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

            Este mismo organismo afirma que el desplazamiento forzado de familias completas es “una violación flagrante a los derechos humanos de las personas, cuya obligación del Estado es responsabilidad impedir”.

            Dos momentos históricos registra Zacatecas, de hechos de violencia político/revolucionaria que originaron grandes desplazamientos forzados de personas: El primero se asocia con la batalla de La Toma de Zacatecas, del 23 de junio de 1914; y el segundo, con las guerras cristeras de las décadas de los veinte y de los treinta (del siglo pasado), esta última vinculada con el impulso a la educación socialista en el régimen del presidente Lázaro Cárdenas.

            El desplazamiento forzado que hoy viven habitantes de comunidades de Jerez y otros municipios zacatecanos, producto de la violencia delincuencial, es un hecho inédito y atípico, que no se había presentado en la historia de Zacatecas.

            ATENCIÓN A LOS DESPLAZADOS:

            La atención a las personas y familias de desplazados en municipios zacatecanos es, hoy, una responsabilidad del Estado Mexicano, pero también un compromiso de corte humanitario, de profundo significado solidario.