Manuel Ibarra Santos
En la ruta de la sucesión presidencial 2024 será necesario realizar un ajuste de fondo de los valores éticos en la política que conduzcan a la reconstitución moral de la República que haga eficiente la función del Estado, para responder a los reclamos de mayor bienestar de los ciudadanos. De lo contrario la Nación seguirá nadando en los ríos de la inmundicia y las miserias.
Es responsabilidad de los representantes de las fuerzas políticas nacionales y de los aspirantes a ocupar la presidencia de la República, trazar nuevos horizontes éticos de desarrollo para el país. Y entre ellos figuran, ya, personajes de origen zacatecano, quienes tienen, como nunca, un central protagonismo.
Pero qué están haciendo los líderes políticos de los diversos Partidos y de las distintas fuerzas nacionales, para impedir que el país se hunda en los pantanos de la inmoralidad. Por lo que ve, absolutamente nada, por lo menos así quedó demostrado (una vez más) en los más recientes comicios celebrados en seis entidades del país. Faltaron ideas y propuestas.
Hay la exigencia de reivindicar la política a partir de valores y principios, implica quebrar inercias institucionales, vencer particularismos y crear nuevos códigos éticos y jurídicos de conducta
Resulta urgente (un pacto ético) re/construir de manera gradual un renovado vínculo y enlace sólido entre ética y política, capaz de reflejar las nuevas aspiraciones de la sociedad expresadas en reivindicaciones asociadas a un fuerte componente moral, factor sin el cual será difícil cambiar las complejas circunstancias que hoy experimenta la sociedad.
Requerimos, por eso, modificar el papel tradicionalmente corrupto y corruptor del Estado mexicano, así como de sus élites políticas y gobernantes, por un perfil más ético y moral que contribuya a mejorar la función de las instituciones públicas, hoy, deficitarias e ineficientes.
Como nunca se tiene la exigencia de reivindicar la posibilidad de hacer política a partir de otros valores y principios, implica quebrar inercias institucionales, vencer particularismos y crear nuevos códigos éticos y jurídicos de conducta, tanto en el ámbito público como privado, que ayuden a superar el anacronismo y la ineficacia del aparato de Estado, para elaborar políticas públicas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.
En la actualidad, el país y sus Estados confederados, viven una situación compleja, de riesgos, de amenazas, de alta violencia criminal, de rezagos y desigualdades, que hace obligatorio en estos momentos pensar seriamente sobre los pendientes que tiene la democracia nacional, a fin de hacerla cada vez más pertinente y éticamente eficaz, menos frágil y vulnerable.
Uno de esos imperativos al respecto tiene que ver con la demanda y el reclamo social de dotar a la política y a su práctica, de valores éticos, para una democracia de mayor calidad con sentido humano.
Esto quiere decir, por otra parte, que el Estado Mexicano, sus instituciones y su régimen político están tocados por una evidente y profunda crisis de credibilidad moral, que solo podrá ser superada a través de un adecuado redimensionamiento racional de las relaciones prácticas entre política y valores éticos.
La transformación de las instituciones públicas y el fortalecimiento del régimen democrático, deben considerar, entre otros, los siguientes elementos que son prioritarios y fundamentales:
1).-Un ajuste actualizado que permita una estrecha vinculación entre valores éticos y política.
2).-La reivindicación de la democracia, entendida como un proyecto colectivo de identidad ética, y, no como espacio pragmático de ejercicio para la inmoralidad, la corrupción y el cinismo.
3).-La Reforma profunda del Estado Mexicano, de sus instituciones y sus Leyes, a través del diálogo y la racionalidad comunicativa, que haga posible la superación del déficit y la brecha de atención de los reclamos y las necesidades de los mexicanos.
4).-La actualización del Pacto Federal, que potencie el crecimiento y el desarrollo nacional integral, alejado de los atavismos y las desigualdades regionales, que han dado pie a la clasificación de los mexicanos de primera y segunda, del centro y la periferia, los privilegiados y los marginados, los integrados y los excluidos.
LOS COMITÉS DE ÉTICA Y EL GOBIERNO:
Es inequívoco que, sin valores y principios éticos, ninguna administración pública puede operar con relativa funcionalidad y éxito. Esto ha quedado evidenciado a lo largo de los últimos 2 mil años de historia de la humanidad, desde la publicación por el filósofo Aristóteles, de la Ética Nicomaquea (349 a. C), hasta nuestros días.
En la actual administración pública estatal se integraron los Comités de Ética y, por dependencias, se reúnen al menos una ocasión por mes, para revisar y discutir como se avanza en el tema. Sin duda, mucho se tiene que hacer al respecto, pero esta iniciativa, sin duda, es un avance.
Aristóteles (384/322 a. C), el gran filósofo de la Grecia clásica afirmó que ética y política están estrechamente vinculadas, al procurar los mismos fines: justicia, libertad, virtud y felicidad.
ETICA Y MORAL:
Es esencial, por el bienestar de la ciudadanía, que a la política se le dote de valores éticos y morales. Importante es alejar al Estado mexicano de las prácticas despreciables y ruines de la inmoralidad.
