Manuel Ibarra Santos

            El reciente trágico asesinato de tres estudiantes universitarios en el fraccionamiento La Comarca, perteneciente al municipio de Guadalupe, pone en contexto la categórica necesidad de diseñar y desplegar toda una estrategia integral de política de estado dirigida a proteger la integridad y la vida de los jóvenes, porque en ellos está cifrado un futuro promisorio para Zacatecas.

            En menos de siete meses, dos tragedias de la misma naturaleza, ambas socialmente dolorosas, cimbraron (y enlutaron) al nivel de la conmoción la conciencia y la vida de los zacatecanos.

La primera se registró el pasado mes de febrero, con la desaparición y muerte de cinco jóvenes universitarios, originarios del municipio de Francisco R. Murguía. Ahora se suma, el traumático caso de La Comarca. Estas dos fatales experiencias describen un escenario complejo derivado de la creciente violencia criminal.

            En condiciones “normales” más de 200 mil alumnos de todos los niveles escolares se desplazan por calles, callejones, plazas y plazuelas de los municipios de Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas. Estos representan aproximadamente el 40% de los estudiantes que atiende el sistema educativo zacatecano.

            Ese segmento importante de población zacatecana que acude cotidianamente a clases a las escuelas de los diferentes niveles, se ha convertido en un sector altamente vulnerable frente al impacto de la violencia y a la acción de los grupos criminales.

            Del total de alumnos del sistema educativo zacatecano, alrededor de 50 mil de ellos asisten a instituciones de enseñanza superior y otros 60 mil adicionales son estudiantes de bachillerato.

            A los tradicionales retos y problemas de cantidad y calidad que venía enfrentando la educación zacatecana (que se mantienen enraizados, sin solucionarse), ahora se le agrega otro de dimensión monumental: proteger la integridad física y la vida de los estudiantes, frente a la acción perniciosa de la violencia criminal.

            Ante dichos compromisos y emergentes escenarios de violencia, amerita trabajar con atingencia en la construcción de redes ciudadanas e institucionales, para proteger la integridad física y la vida de los estudiantes en varias dimensiones: 1).-Política de prevención para combatir el delito de desaparición forzada y reclutamiento de jóvenes por las células criminales; 2).-Reducir el escandaloso incremento de la violencia digital; 3).- Combate decidido a la impunidad; y 4).- La construcción de un nuevo andamiaje institucional de protección a la infancia y a los adolescentes, porque el existente en la actualidad  es terriblemente frágil y débil.

            La capital de Zacatecas es por su trazo, perfil, arquitectura y estructura urbana, una ciudad educadora y una metrópoli universitaria, por donde se desplazan cotidianamente más de 80 mil alumnos de todos los niveles, que le dan fuerza a su vida económica, social, política y cultural.

            Lo menos que se puede hacer, incluso por sentido de compromiso ético, es proceder a la construcción de estructuras integrales de corte ciudadano e institucionales de protección en beneficio de adolescentes y jóvenes que acuden y se desplazan <por infinidad de caminos, senderos y rutas> a múltiples y variados centros de convivencia social, como lo son cafés, cantinas, bares y antros del centro histórico y la zona conurbada.

            He platicado con representantes empresariales de antros de Zacatecas, Guadalupe y zona conurbada, y están dispuestos a actualizar su estructura administrativa y de organización, a efecto de ofrecer mayor protección a la integridad de sus clientes, los que en su mayoría son jóvenes.

            En esta tarea es fundamental articular la acción de gobierno y sociedad. De paso se tendrá que evitar la simulación. Se requiere actuar con una visión de integralidad. El trabajo debe involucrar, sí, a la estructura de la escuela, a la familia, a la iniciativa privada, a la sociedad civil toda, así como la voluntad del aparato de Estado.

            En el plano territorial se tendrá que operar con un vasto programa de protección integral en favor de los estudiantes, en toda la geografía de los municipios y del Estado. La prevención social del delito, habrá de ser un componente esencial.

            Hoy más que nunca resulta un imperativo trabajar en todos los ámbitos, a efecto de reducir la vulnerabilidad de los jóvenes estudiantes ante la comisión delictiva e impedir que sean carne de cañón del crimen.

            LA CONCENTRACIÓN DE JÓVENES ESTUDIANTES:

            En el Estado de Zacatecas funcionan 79 instituciones de educación superior (el 40% de ellas son particulares), que atienden una matrícula global de 50 mil alumnos (Fuente:SEP/2022).

            Del total de alumnos que cursan estudios en educación superior en la entidad, casi el 70% se concentran en la capital de Zacatecas, Guadalupe y zona conurbada, bajo el supuesto de que la emigración de los jóvenes de su tierra de origen a estos lugares, les garantiza relaciones personales nuevas, proyección y adecuadas oportunidades laborales.

            Ahora, desde las políticas públicas de Estado, será pertinente hacer de Zacatecas, un espacio digno de oportunidades para las nuevas generaciones. 

            PROTECCIÓN A ESTUDIANTES:

            La protección de la integridad física y la vida de los estudiantes, es hoy una prioridad.