Manuel Ibarra Santos

            Por mandato de Ley, postulado en el artículo 82 (fracción IV), de la Constitución de Zacatecas, el Ejecutivo deberá proponer al Legislativo, a más tardar el día 30 de este mes, la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023. Lo deseable será que se otorgue un trato justo y razonable en materia presupuestal a las políticas públicas de prevención social del delito y la delincuencia.

            Esto en mucho dependerá de la voluntad, comprensión y sensibilidad que manifiesten al respecto, para su adecuado tratamiento, los diversos actores políticos, entre ellos los diputados de la LXIV Legislatura de Zacatecas.

            El gobernador David Monreal se ha comprometido, por su parte, hacer de la prevención social del delito y la violencia, un eje central de las políticas públicas de su administración.

            El diseño, promoción e implementación de políticas de prevención social del delito, deben considerarse una prioridad para el desarrollo de Zacatecas, por las siguientes razones:

            Primero, porque es la única iniciativa estratégica que se puede utilizar para reducir la incidencia delictiva en nuestra sociedad; segundo, debido a que es la alternativa más efectiva para construir una sólida cultura de paz y la no violencia; tercero, en razón a que sólo con prevención será posible disminuir el impacto y las repercusiones delictivas en la estructura productiva y económica de Zacatecas; y cuarto, porque es él más excepcional componente para fortalecer y restituir el tejido social.

            El presupuesto destinado hoy en día a la promoción e implementación de políticas de prevención social del delito en Zacatecas, es en realidad limitado, residual, pobre y virtualmente inexistente.

            Si tomamos en cuenta los exiguos recursos destinados a las áreas institucionales de prevención social del delito, podemos afirmar que el presupuesto per cápita para este rubro es apenas en Zacatecas de 0.43 pesos (es decir 43 centavos) por persona, en tanto que a nivel nacional es hasta 60 veces superior al nuestro.

            Podemos tomar en consideración otro parámetro financiero: del total de recursos federalizados que se ejercen en promedio al año en Zacatecas a través del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), menos del 2 por ciento de ellos se canalizan a prevención y más del 98% a contención, equipamiento y adquisición de patrullas para cuerpos policiacos.

            En el presente año, más de 190 millones de pesos de presupuesto federal se estarán ejerciendo para seguridad y muy pocos recursos son para prevención, porque para algunos actores no la ven (a la prevención social), como una prioridad, sino como un nicho incluso de negocios.

            Nadie puede oponerse a que se equipen y modernicen los cuerpos de seguridad pública, pero es evidente que se requiere privilegiar, fortalecer y promover, también, la ejecución de las tareas de prevención.

            Existe la gran posibilidad de que a partir del próximo ejercicio fiscal (2023), desde el gobierno Federal se privilegien las acciones y los recursos para la prevención social del delito, porque las grandes inversiones orientadas al equipamiento de órganos de seguridad, al margen de la prevención, no han dado los resultados deseados.

            Lo anterior quiere decir que las acciones de seguridad pública, que no se acompañen con eficientes iniciativas de prevención social del delito, pocos o nulos resultados rendirán a la población, y que en ese sentido, por lo tanto, los recursos que se apliquen en ese renglón, existe el riesgo de que se lancen por el hoyo negro de la ineficiencia.

            Por eso resulta verdaderamente importante, que para el ejercicio fiscal 2023, en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas se destine un justo, razonable y adecuado presupuesto para prevención social del delito.

            La prevención social del delito y la violencia, para que sea exitosa, requiere de coordinación entre niveles de gobierno, de la suma de esfuerzos, de voluntad política, de la participación ciudadana, pero también de la autorización de presupuestos razonables y justos.

            El gobierno de David Monreal ha colocado a la prevención social del delito, como un eje central de las políticas públicas de su administración. Es de esperarse que, en materia presupuestal, en la Legislatura del Estado se le dé el trato correcto a este componente esencial del desarrollo integral de Zacatecas.

            PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO:

            Es evidente que, para solicitar un presupuesto justo para prevención social del delito en Zacatecas, esta demanda deberá sustentarse en criterios razonables de planeación y en proyectos técnicamente justificados.

            En su oportunidad se presentaron a las áreas competentes, una serie de importantes proyectos de prevención para el Estado de Zacatecas, entre los que podemos mencionar los siguientes:

            1).-Programa de Prevención de las violencias y las adicciones; 2).-Programa de prevención de la violencia intrafamiliar y de género; 3).-Programa de prevención del delito de desaparición forzada; 4).-Programa de Formación de Capacidades Institucionales para Combatir la Violencia; 5).-Creación de Redes de Mujeres Constructoras de Paz; 6).-Programa de Formación Masiva de Líderes Por la Paz en los 58 Municipios; 7).-Programa de Tecnología por la Paz y Estímulo a la Innovación; 8).-Programa de Prevención de la Violencia Digital; 9).-Programa de Creación de Rutas Seguridad para la Protección de la Integridad Física y la Vida de Adolescentes y Jóvenes; y 10).-Programa de Transporte Seguro para la Sociedad zacatecana, entre otras acciones.

LA PREVENCIÓN, UNA PRIORIDAD:

La prevención social del delito debiese ocupar, inequívocamente, un lugar central en las políticas de impulso integral al desarrollo de Zacatecas.