La SFP no caerá en violaciones a la ley sino se cumplirá el debido proceso, señala Paula Rey
Con estricto apego a la normatividad, la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Estado de Zacatecas lleva a cabo la investigación de los casos que involucran presuntas irregularidades de servidores públicos, ya sea de esta o de otra administración, pues ante todo debe velar por que se cumpla el debido proceso, explicó la titular de la dependencia, Paula Rey Ortiz.
Precisó que el tema de presuntos actos de corrupción en servidores o ex servidores públicos despierta un interés muy especial en la ciudadanía, pues se trata de personas que recibieron la confianza para administrar los recursos públicos que inciden directamente en el bienestar de las familias zacatecanas.
Por ello, dijo, la importancia de garantizar una actuación apegada a la legalidad, pues si bien la SFP tiene la obligación de iniciar y substanciar el procedimiento de responsabilidad, se deben respetar las etapas que siguen los procesos, así como los derechos de los presuntos responsables.
En este contexto, explicó Rey Ortiz, la dependencia no puede revelar nombres de personas ni estatus del proceso previo a la notificación a que obliga la ley, pues una violación a la normatividad tiene consecuencias negativas en los casos que lleva la SFP.
Detalló que los expedientes se abren cuando se recibe una denuncia ciudadana o de algún órgano fiscalizador, por lo que previo al inicio del procedimiento se debe analizar el caso para determinar si es procedente dicho inicio. Si se encuentran elementos se procede a la notificación, pero esto representa apenas el inicio del proceso legal.
Una vez notificado el servidor o ex servidor público, hace uso de los recursos legales que tenga a bien considerar para su defensa, incluida la presentación de pruebas a su favor; en audiencia se admiten y desahogan las mismas, así como se expresan los alegatos. Realizado lo anterior, la SFP resuelve fundada y motivadamente.
En caso de que se demuestren las presuntas irregularidades, las sanciones van desde una amonestación privada, hasta una inhabilitación por 20 años o destitución, para ejercer en el servicio público, entre otros.
Debido a todo este proceso, destacó la funcionaria, es importante apegarse en todo momento a la ley. Asimismo, refrendó el compromiso del Jefe del Ejecutivo Estatal, Alejandro Tello Cristerna, quien se comprometió a garantizar un Gobierno diferente, transparente en la aplicación de los recursos públicos, e impulsor de la rendición de cuentas, así como un luchador incansable contra la impunidad.
