María Luisa Sosa: no basta con agravar la punibilidad, como propone el fiscal del estado, sino atención integral en la persecución de estos delitos

Norma de Luna

Más que aumentar las sanciones en delitos contra la mujer, activistas zacatecanas piden que se obligue la persecución de estos delitos.

Lo anterior, luego de que el Fiscal Francisco Murillo Ruiseco, solicitara a las y los diputados locales agravar la punibilidad para contrarrestar la violencia familiar y evitar que haya más feminicidios.

Y es que según cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), el ultimo año se brindaron más de 14 mil servicios, de tipo médicos, psicológicos, jurídicos, de empoderamiento y de trabajo social en el Centro de Justicia para las Mujeres en Zacatecas.

María Luisa Sosa de la Torre, representante de la organización Olimpia de Gouges, confirmó que en delitos contra la mujer el estado sí tiene las sanciones más bajas y es alarmante.

Sin embargo, interesa que se obligue a la persecución de oficio de estos delitos pues las víctimas en su mayoría se encuentran vulnerables, en condiciones de sometimiento y con temor al agresor.

Esto genera que todo se quede ahí y no avance, dijo la feminista y ex diputada local. En ese sentido, urgió la necesidad de atacar el problema en todo su contexto.

“Nos interesa la capacitación a los cuerpos policiacos, pero también la de las autoridades de procuración y administración de justicia. Que las penas sean congruentes con el grado de daño que causan en las mujeres y en sus proyectos de vida”.

Dijo, es necesario que se atienda esta problemática que cobra la vida de nueve mujeres al mes en la entidad.

“Que se atienda con un ambicioso programa de prevención porque, la espiral de violencia tiene que cortarse en algún momento, no podemos esperar que una generación más de niñas viva esto”, puntualizó.

Además, lamentó que las autoridades se preocupen más por una pandemia de salud de reciente aparición, quizás más que por una pandemia que tiene años y va en auge.

En el estado, la pena inicial para un feminicida es de 20 años de prisión, resaltó, de las más bajas del país.

“Estamos con esa necesidad de revisión en las penas, históricamente, es más penado robarse el ganado que golpear y maltratar a una mujer”, enfatizó.