Omisión, en promociones de la Auditoría Superior del Estado contra servidores públicos: López de Lara
Arturo López de Lara, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, informó que en el periodo 2016 – 2017, la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha presentado 52 Promociones de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas ante la Legislatura del Estado en contra de 715 servidores públicos de elección popular.
De igual forma, informó que la ASE ha presentado otra Promoción que involucra a 5 funcionarios públicos del ejecutivo estatal, y un total de 42 asuntos ante las contralorías municipales en contra de 141 servidores públicos de los ayuntamientos.
López de Lara indicó también que existe un enorme rezago en la ejecución de las Promociones de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas que la Auditoría Superior del Estado ha iniciado en contra de 3 mil 745 servidores públicos desde el año 2000 a la fecha.
“Es una pésima señal para los ciudadanos que, mientras en el país y en el estado estamos tratando de avanzar en el combate a la corrupción y a la impunidad, a través de la aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción, las Contralorías Municipales, la Secretaría de la Función Pública y la propia Legislatura, están siendo omisas, por ineptitud, complicidad, dolo o desconocimiento y dejan de castigar a los servidores públicos que hacen mal uso de los recursos de todos los zacatecanos” mencionó López de Lara.
Recordó que, por la falta de refrendo por parte de quien entonces fungía como Contralor en el 2011, la Suprema Corte declaró inconstitucional la Ley de Responsabilidades de los Servidores. Lamentó que 15 años de trabajo de la Auditoría Superior del Estado se fueran a la basura por la falta de esa firma, pues 2 mil 884 servidores públicos evitaron ser sancionados.
En el 2013 se promulgó la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, razón por la cual señaló que no hay pretexto para que las autoridades responsables dejen de cumplir con su obligación de dictaminar y en su caso sancionar a los servidores públicos que incurrieron en responsabilidad.
