Asegura la ex diputada de Morena que se omiten varios estímulos y no se actualizan datos en portales de dependencias
A través del procedimiento de denuncia, establecido en el Artículo 58 de la Ley de Transparencia, Soledad Luévano solicitó la intervención del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información (IZAI) para transparentar los ingresos de los funcionarios públicos, según se detalla en el recurso, en este momento los portales de transparencia ofrecen información engañosa sobre los ingresos de los funcionarios públicos, pues únicamente se detallan algunas prestaciones como los salarios y las compensaciones, pero se omite lo referente a los estímulos, bonos y primas, ingresos que por ley deben ser públicos.
Según la presidenta de Soledad Ciudadana A.C., el Articulo 39 Fracción VIII de la Ley de Transparencia obliga a las dependencias de Gobierno a informar de manera clara los ingresos que reciben como retribución por su trabajo los funcionarios públicos y esos ingresos incluyen los premios, bonos, estímulos y primas que se otorgan con cargo al presupuesto.
En los recursos interpuestos se da cuenta de varias dependencias de Gobierno que incluso tienen información del año 2016, lo que también constituye una violación a la ley de transparencia, pues las dependencias están obligadas a actualizar los datos cuando menos cada 3 meses.
Por medio de boletín, Luévano Cantú explicó que la unidad de enlace que mejor cumple con la información en materia de ingresos es la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Social, pero incluso esta dependencia omite el pago por estímulos, concepto para el cual Alejandro Tello destinó más de 678 millones de pesos para el 2017.
También se relata que los casos más emblemáticos son los de la Jefatura de la Oficina del Gobernador y la Secretaría de Administración, dependencias que simple y sencillamente no ofrecen ninguna información en materia de salarios y prestaciones para sus funcionarios públicos.
Se espera que el IZAI admita el recurso de denuncia y en una vez que se tenga la respuesta de las dependencias denunciadas, se emita una resolución que podría representar un cambio en la forma en que se informa a los ciudadanos sobre los salarios y prestaciones de sus autoridades.
