Plan b*

LYDIA CACHO

¿Qué sucede en un país que celebra el asesinato de algunos y marcha en contra de la muerte de otros? Tal vez la pregunta es: qué tuvo que suceder para que México esté fracturado de tal forma que una parte de la sociedad que se dice en busca de justicia, celebre e incluso goce de las masacres perpetradas contra autoridades y fuerzas de seguridad.

Fueron 15 los policías asesinados la semana pasada en Jalisco, una de las fallecidas es mujer. Hay cinco agentes de la Fuerza Única Rural que fueron heridos, entre ellos una mujer; se encuentran graves en clínicas de Guadalajara y Puerto Vallarta.

Este ataque mortal fue resultado de una venganza por el reciente arresto de una docena de presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación.

Esto nos recuerda que hay efectivamente personas dentro de las fuerzas policiacas que están haciendo su trabajo, léase perseguir, detener y esperar a que los jueces procesen a quienes cometen delitos graves.

Impresiona descubrir cientos de voces iracundas celebrando la muerte de estos agentes, voces que comúnmente se elevan contra el asesinato de víctimas civiles, de los 43 y de otros casos notables.

Sumado a ello está el vergonzoso papel que juegan personas como el senador Javier Lozano, que celebra el sufrimiento de quienes se rebelan contra el gobierno y a su vez promueve los tribunales mediáticos y da por culpables a los presuntos inocentes.

Luego de ocho años de violencia sostenida en un país sin Estado de Derecho, en el que muy pocas personas defienden el debido proceso judicial y prefieren los tribunales mediáticos, las venganzas a domicilio o la humillación pública como justicia poética han contaminado peligrosamente el debate sobre la necesidad de reconstrucción del tejido social que erradicará la corrupción.

El experto Marco Lara Klahr ha descrito los tribunales mediáticos como “una práctica institucional que implica tortura y en general tratos crueles, inhumanos y degradantes, que conculcan la dignidad de las personas y su presunción de inocencia, y que revictimiza a las víctimas”.

Para que estos falsos tribunales funcionen las autoridades, incapaces de hacer su trabajo en el marco de la legalidad, necesitan a los medios y periodistas para instrumentalizarla y a la sociedad para hacer eco.

Es decir, para exhibir a los detenidos y a las propias víctimas sin que un juez conozca el caso están algunos medios y las redes sociales a quienes la PGR o sus derivadas en los estados arrojan carnada sangrienta cada vez que quieren hacer creer que el gobierno hace su trabajo para detener la violencia.

Por otro lado tenemos a quienes aseguran una falacia insostenible: que sin tribunales mediáticos habría más impunidad. Como si exhibir a personas detenidas implicara que hay administración y procuración de justicia.

Sin duda son muchos nuestros problemas, pero uno de los más peligrosos radica en que la justicia depende de los gobernantes y no de los tribunales; las fiscalías siguen operando bajo el viejo esquema de los bomberos judiciales, de los telefonemas para pedir los “favorcitos” que constituyen la semilla de la impunidad, y de alguna manera la sociedad es cómplice de la permanencia de este esquema.

En esta confusión, la mayoría de periodistas y la ciudadanía ignoran el contenido del artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que justamente pretende impulsar nuevas prácticas que favorezcan la justicia y la construcción del Estado de Derecho para absolutamente toda la población.

La paradoja que pone en peligro la seguridad es justamente que incluso periodistas o activistas que defienden el debido proceso, le niegan ese derecho a policías y militares. Comparto el hartazgo y la indignación frente a los abusos de poder, pero no justifica que les neguemos el derecho a unos para favorecer a otros. Porque ese círculo vicioso imposibilita el cambio.

Existe una tensión entre el deseo de hacer la guerra ante la ausencia de justicia y el miedo resentido, a la vez paralizante ante el patriarcado político que lo mismo manda encarcelar que asesinar, desaparecer, o vituperar para desacreditar personas y causas de tal forma que con recursos del Estado y del pueblo descomponen la realidad noticiosa hasta convertirla en apenas una turbia madeja de palabrería confusa.

No confiamos en las instituciones porque quienes las manejan y dirigen son los cancerberos del poder; si bien es cierto que una parte de la policía es escudo de protección de esos cancerberos frente a la sociedad civil, hay cientos de policías que intentan desde dentro hacer bien su trabajo; arrebatar su dignidad humana por la profesión que eligieron es inaceptable.

La confusión incita a mayor corrupción, a más violencia y venganza como símil de una justicia. Nos quejamos de las televisoras, pero reproducimos sus notas de tribunal mediático.  Aunque será lento, urge un periodismo renovado para cambiar el discurso judicial.

Llevará tiempo y paciencia recomponer el sistema de justicia y el Estado de Derecho, pero de no hacerlo la impunidad nunca desaparecerá.

Hay que esforzarnos para que los políticos se sometan a la justicia en lugar de tenerla sometida y valorar la vida humana para no seguirle el juego a la PGR. Sí, aun la de criminales; si queremos justicia para nosotros debemos dejar de pedir humillación y venganza para “los otros”. Porque usted y yo somos las y los otros frente al espejo.

Twitter: @lydiacachosi

*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.