Rosa Isabel Medina Parra / Rosa de Vientos

Cimacnoticias

Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes, se contemplan en la normatividad y tratados internacionales, tales como la Convención sobre los Derechos Humanos del Niño, la cual reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho. La Organización Mundial de la Salud afirma que un buen fundamento en los primeros años de vida, constituye la diferencia no sólo durante las etapas formativas y de crecimiento, sino en la edad adulta, ya que las personas sanas y educadas, participan y contribuyen a la prosperidad económica y social de sus sociedades.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, reconoce que todas las niñas y niños tienen derecho a sobrevivir y a desarrollarse plenamente, afirmando que los aspectos indispensables para el óptimo desarrollo de la niñez son: una buena nutrición y cuidados de la salud, atención afectuosa constante, así como los estímulos adecuados para aprender y crecer en un ambiente de crianza seguro, sensible y receptivo a las necesidades de la infancia, especialmente durante los primeros años de vida.

De acuerdo a la OMS, uno de los principales retos de la sociedad, es la erradicación del maltrato infantil, que constituye un problema de salud pública a nivel mundial, ocasionando en las víctimas graves consecuencias que repercuten duran toda la vida, de ahí que algunos estudios afirman que adultos con una historia de maltrato infantil, presentan mayor riesgo de repetir dichos patrones.

El término maltrato infantil puede implicar diferentes cosas, dependiendo de la disciplina desde la cual se aborde, sin embargo, la Fundación en Pantalla Contra la Violencia Infantil, lo define como “cualquier acto u omisión intencional o por negligencia o incumplimiento al deber de cuidado, destinado a dañar a niñas, niños y adolescentes, y que genere riesgo o daño a su salud; quedan incluidos: toda forma de ofensa, injuria, insulto, agravio, humillación, ultraje, mortificación, vilipendio, golpes, lesiones físicas y emocionales; abandono; trata de personas, abuso sexual; maltrato institucional; bullying; mobbing; negligencia parental y cualquier otra forma análoga, que ponga al menor en situación de riesgo o desamparo”.

El abandono y/o negligencia, implica cualquier tipo de conducta que prive a las niñas y niños de la supervisión o de la atención indispensable para su desarrollo y que con frecuencia se traduce en condiciones de higiene deficientes, desnutrición en sus distintos grados, ropa inadecuada para el clima o el lugar donde habiten, aspecto enfermizo, incluso adinamia y ausencia de asistencia médica, principalmente. 

Cuando la estimulación, el apoyo y la crianza son deficientes, hay serias afectaciones al desarrollo de los menores de edad que se traducen en apatía, asistencia irregular a la escuela, bajo rendimiento escolar, retraimiento, indiferencia al medio ambiente externo, por señalar algunas, sin contar con las afectaciones psicológicas y emocionales consecuentes, que incluso pueden derivar en el deterioro de las facultades mentales, principalmente en el área cognitiva, de expresión y de sociabilidad. Existen pruebas coherentes y sólidas que indican.

En México, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las leyes aplicables, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014), se les reconoce como titulares de derechos como: derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a vivir en familia, a no ser discriminados, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a la protección de la salud y a la seguridad social y a la educación, por señalar algunos.

Sin embargo, en 2020 el Instituto Nacional de las Mujeres publicaba que de los adolescentes entre 15 y 18 años, 26.1 por ciento refirieron haber sufrido violencia durante la niñez, 20.4 por ciento violencia física, 10.5 por ciento violencia emocional y 5.5 por ciento violencia sexual.

Además, la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres, reflejaba que en menores de entre 1 y 14 años, 62.4 por ciento de las niñas y 62.7 por ciento de los niños eran disciplinados de forma violenta.  En cuanto a maltrato infantil, los datos indican que éste lo padece 42.2 por ciento de las niñas y 45.3 por ciento de los niños; pero el rango de edad en el que se agudiza dicho maltrato, va de los 2 a los 4 años de edad, donde este porcentaje sube a un 61.8 por ciento para el caso de las niñas y 56.9 por ciento para los niños.

Entre las formas de agresión más comunes entre menores de edad que van de los 10 a los 14 años se identifica la psicológica, que se manifiesta con gritos, descalificaciones, insultos, principalmente, experimentándola 54 por ciento de las niñas y 52.2 por ciento de los niños.

Para 2018, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud presenta las tasas de incidencia (por cada 100,000 habitantes) de casos diagnosticados con sospecha de violencia intrafamiliar: menores de un año:  2.25 niñas, 2.35 en niños, de 1 a 4:  6.30 niñas, 3.55 niños; de 5 a 9: 12.78 niñas, 9.23 niños; de 10 a 14: 58.72 niñas, 13.28 niños; de 15 a 18: 240.73 niñas, 14.50 niños.

Además, las estadísticas de mortalidad de muertes violentas de personas menores de edad con presunción de homicidio relativas a 2018, indican que de las un mil 505, 75.5 por ciento son hombres y 24.4 por ciento mujeres.

Las primeras etapas de vida son un período de oportunidades, pero también implican una gran vulnerabilidad, y las cifras dan cuenta de la gravedad del problema, Su atención inmediata es responsabilidad ineludible de los adultos; por una parte, del Estado mexicano y su obligatoriedad de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, especialmente de niñas, niños y adolescentes, y por otra, de la sociedad civil que debe mantenerse proactiva en favor de los menores de edad.

Cobra relevancia la necesidad de articular políticas públicas efectivas, orientadas a coadyuvar en la disminución y erradicación del maltrato infantil, sustentadas en investigaciones que además de abonar al conocimiento, generen propuestas de solución al problema.

Ciertamente se identifican avances significativos en torno al tema, donde los apoyos económicos destinados a los menores de edad resuelven parcialmente el problema, sin embargo, quedan pendientes el cuidado, su protección y la supervisión. Eso es tan importante que tal vez los menores de edad deberían traer un instructivo que indicara: ¡Tratar con cuidado! contiene sueños.

*Doctora en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez . Es investigadora Cátedra CONACYT en El Colef,  adscrita al Departamento de Estudios de Administración Pública. Sus líneas de investigación son Derechos Humanos, Migración y Grupos Vulnerables.