Lucía Melgar Palacios / Transmutaciones

Cimacnoticias

El cierre del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) es un eslabón más en la cadena de ataques contra la educación con que se busca desde el gobierno encadenar el pensamiento crítico y clausurar la posibilidad de desarrollo personal e intelectual de la infancia y la juventud, además de seguir obstaculizando la búsqueda de autonomía de las mujeres.

Como si no bastaran el cierre de estancias infantiles, la disminución de recursos para Refugios, la eliminación del Progresa y el acoso continuo a las instituciones de educación superior, el afán autoritario se vuelca ahora contra un programa educativo que beneficiaba a la niñez y a las madres trabajadoras de zonas marginadas.

Aunque de nuevo se ha usado el argumento de la lucha contra la corrupción para destruir este programa que, como cualquiera, podía ser perfectible, la lógica gubernamental cae por sí misma puesto que este recorte, según se ha anunciado, se destinará  al cuestionado programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN).

Si bien muchas escuelas carecían de instalaciones dignas, la manía de destruir lo existente para sustituirlo con una medida mal diseñada nos dejará sin escuelas dignas y con brechas educativas más anchas.

Como sugieren el “extravío” de al menos 573 millones de pesos destinados a LEEN, documentado por la  Auditoría Superior de la Federación (ASF), y los testimonios de docentes y familiares engañados por falsos ingenieros y “servidores de la nación” cómplices, que han dejado obras a medias o mal construidas, inservibles (Proceso, 13 marzo), este programa es una vía más hacia el abismo de opacidad en que se “pierden” recursos tan escasos y necesarios para las comunidades más precarias: carece de procedimientos formales para asignar las obras, de supervisión de calidad y administración por parte de la SEP o de Bienestar, negligencia o ineptitud injustificables.

Si ya la corrupción creciente es inaceptable, desviar fondos públicos destinados a la alimentación y mejor educación de más de 3.5 millones de niñas y niños es atentar contra el derecho humano a la educación, la salud y la vida digna de éstos, aumentar la pobreza que se dice combatir y añadir más dolor a familias que ya han enfrentado la devastación de la pandemia y sus nefastas implicaciones.

Si ya el confinamiento y la pésima opción por la “televisación” educativa que dejó solos a millones de estudiantes, imponen un retraso de meses o años de aprendizaje (M. Gil Antón, COLMEX), el cierre de ETC ahondará aún más la brecha educativa: el estudiantado perderá horas de escuela y pasarán (más ) hambre. Algunos o muchos dejarán de estudiar. ¿Ésta es la estrategia contra el atractivo del crimen organizado?

Como afirma Marco Fernández, investigador del ITESM, “no hay lógica educativa en el cierre de ETC”. La lógica parece ser política o más bien antipolítica, si pensamos en el contexto de continua hostilidad gubernamental hacia las universidades, fuente de investigaciones y pensamiento crítico, y la degradación de la SEP.  

En vez de concebirse como verdadera palanca para el crecimiento del país, desbaratando el aparato corporativo, mejorando la calidad de los libros de texto y ampliando las actividades formativas en los planteles, se abandona cualquier aspiración a la excelencia en favor de la ignorancia y la simulación. ¿Bastan 4 horas de clase en las primarias públicas?

La educación no es por sí misma una vía de liberación: puede ser dogmática y autoritaria, contribuir a la obediencia y a la sumisión, des-educar y de-formar. Ésa es la que fomentan los regímenes autoritarios que prefieren poblaciones ignorantes o poco informadas, estudiantes que memoricen y no adquieran la capacidad de pensar por sí mismos.

A esto parece apostar un gobierno que le niega mejores condiciones educativas a las infancias más precarizadas, sigue burocratizando la labor docente y desdeña a especialistas que desde hace tiempo señalan la catástrofe y ofrecen soluciones para alcanzar un futuro viable, con menos desigualdades.

No es casual que este mismo gobierno ataque a las instituciones de educación superior mediante recortes de presupuestos, becas, intentos de discriminación contra docentes que trabajan en universidades privadas, cambios arbitrarios de reglamentos, intervención de direcciones para imponer a personas sumisas a Conacyt, y descalificaciones que incluyen criminalización.

La intervención y censura de las universidades son uno de los sellos de los regímenes autoritarios y dictatoriales.  En el proceso de centralización del poder en el Ejecutivo, es crucial la subordinación de la academia para así eliminar un foco de sentido crítico y de apego a la realidad.

Sin duda, no todos los y las integrantes de la academia tienen sentido ético, para prueba basta ver a quienes encabezan y participan en este embate a la educación superior, pero la universidad es por definición un ámbito de debate y discusión de puntos de vista diversos.

Sin esto, puede ser una escuela, no una universidad digna de este nombre. Por ello, defender la autonomía universitaria y la libertad de pensamiento y enseñanza en las IES es determinante para preservar una democracia donde florezcan las libertades. Por esto también, los ataques contra la universidad son tan significativos como el cierre de las ETC o la manipulación de los libros de texto: ¿cómo llegarán a la educación media o superior quienes no pueden aprender porque tienen hambre, o quienes deben abandonar la escuela para trabajar o no pueden asistir porque viven en una zona plagada de violencia?

¿Por qué en vez de enfrentar las brechas y deficiencias que ya existían, este gobierno las agrava? El autoritarismo apuesta por la ignorancia en todos los niveles. Defender la educación laica, gratuita y de calidad es hoy indispensable para pensar un presente habitable y futuro más justo.