Sara Lovera / Palabra de Antígona

SemMéxico

La administración que acaba de iniciar tiene el desafío de asumir con voluntad política invertir realmente en las mujeres para  acelerar el progreso, como dice Naciones Unidas,  lo que significaría recuperar el presupuesto perdido para la igualdad, recuperar la tímida política de prevención de las violencias y mejorar asuntos de fondo, más allá de inscribir en la Constitución la igualdad sustantiva o destinar un enorme gasto  en apoyos económicos  para  las mujeres mayores de 60 años, sin atender el fondo, ya que la mayoría de ellas  no tiene pensión o jubilación y carece de  seguridad social.

La semana pasada el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su informe sobre la situación de las mujeres en 2024, reveló que el ingreso real para las mujeres con empleo es menor al de los hombres en casi 30 por ciento. Brecha mayor que hace 5 años.

De la pobreza de 47.2 millones de personas, 24.4 millones son mujeres, dice CONEVAL. En el caso de las mujeres de 60 a 64 años, el acceso a los servicios de salud es su necesidad más urgente, en tanto que éstas en mayoría no están jubiladas, pensionadas, ni gozan de seguridad social. 

La ayuda anunciada significa un gasto de 22 mil millones de pesos, 3 mil pesos mensuales para cada una. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sostiene que una persona mayor gasta hasta 4 mil pesos mensuales, de su bolsillo, sólo para medicamentos.

Por sólo hablar de esas mujeres mayores de 60 años, aproximadamente 6 millones. La última encuesta de INEGI sobre salud y envejecimiento las mujeres mayores sufren de deterioro cognitivo, osteoporosis, afecciones cardiacas, hipertensión arterial, diabetes y artritis que, al carecer de seguridad social, no tienen atención.

La agenda de género identificada por feministas, la lista de necesidades y pendientes, es inmensa, a ella debe responder, coordinar y marcar caminos la nueva Secretaría de las Mujeres.

Esa Secretaría tendrá que responder a lo que por ley hizo el Instituto Nacional de las Mujeres, incidir para que todas las dependencias del Ejecutivo actúen al unísono para disminuir el machismo, la discriminación, hacer programas y trabajar en el cambio de mentalidades para amortiguar la violencia en la vida privada y en la vida pública.

No sabemos sus planes, ni sabemos si habrá un Plan Nacional de Igualdad, con recursos etiquetados para la política de género, que si se hizo entre 2000 y 2018. Lo que sí sabemos es que, en los gobiernos de los estados, con una mujer al frente, de 2021 a la fecha, en su mayoría no aplicó, no existe o no se han publicado ese plan, lo que al menos nos inquieta. Las “ayudas”, detendrán sin duda la precariedad, sin resolver la discriminación y la violencia de género.

Ninguna ley puede sustituir a la urgencia de invertir en las mujeres. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) asegura que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo necesita hacer un recorte de 500 mil millones de pesos al gasto para reducir el déficit fiscal en 2025. Ello significa menos dinero para las mujeres.

Si no hay voluntad política, ni recursos, cómo se prevé, lo poco se desviará a grandes proyectos, como los nuevos ferrocarriles, no podemos pensar en un cambio. Sin voluntad política, el personal médico cristiano seguirá oponiéndose a practicar abortos, a pesar de la ley y los embarazos en adolescentes seguirán al alza. Urge una conducción global de una real política de género, de otro modo las mujeres seguirán quedándose atrás, enfrentadas a la impunidad y al desdén. Lamentablemente. Veremos

*Periodista. Editora de género en la OEM y directora del portal informativo http://www//semmexico.mx